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Dirigentes destituidos o forzados a dimitir en América Latina

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Los dirigentes latinoamericanos destituidos o forzados a dimitir en los últimos años.

El 7 de diciembre de 2022, el presidente peruano, Pedro Castillo, fue destituido y detenido después de 17 meses en el poder bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acuso de corrupción y tráfico de influencias.

La decisión de apartarlo de la presidencia se precipitó luego de que el mandatario anunciara que disolvería el parlamento.

Su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Perú.

No es la primera crisis de este tipo en el país.

El 9 de noviembre de 2020, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra por "incapacidad moral" en un trasfondo de acusaciones de sobornos. El presidente del parlamento, Manuel Merino, lo sucedió pero dimitió al cabo de cinco días.

El 21 de marzo de 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió en la víspera de un probable voto parlamentario para destituirlo en el marco de un escándalo de corrupción alrededor de la constructora brasileña Odebrecht.

En noviembre de 2000, el Congreso también destituyó al presidente Alberto Fujimori "por incapacidad moral permanente".

El dirigente caído huyó a Japón pero fue extraditado años después. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por haber dirigido masacres de civiles y después por corrupción.

Entre fines de 2017 y octubre de 2018 gozó de un breve período de libertad tras recibir un polémico indulto que posteriormente fue anulado.

En marzo de 2022 el Tribunal Constitucional de Perú ordenó restituir aquel indulto, pero antes de ser liberado la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió mantenerlo en prisión y el gobierno de Lima decidió atender su recomendación.

En la actualidad, se encuentra purgando su condena en Lima.

El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado en el escándalo Odebrecht a seis años de prisión, fue destituido a principios de 2018 después de tres meses de ausencia de sus funciones debido a su encarcelamiento.

En abril de 2005, el presidente Lucio Gutiérrez también fue apartado del cargo tras haber sido acusado, en plena revuelta popular, de haber colocado a personas cercanas en el seno de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de sus predecesores, Abdala Bucaram, acusado de malversación de fondos públicos, fue destituido en febrero de 1997, apenas seis meses después de su investidura.

La presidenta Dilma Rousseff fue destituida el 31 de agosto de 2016 por más de dos tercios de los senadores, que la consideraron culpable de maquillar las cuentas públicas en un procedimiento muy controvertido.

En septiembre de 2019, su sucesor Michel Temer, tildado de "golpista" por la izquierda, terminó definiendo ese 'impeachment' como un "golpe", aunque negó haber participado en él.

Acusado de corrupción, el mismo Temer evitó en dos ocasiones, en 2017, un proceso ante la Corte Suprema gracias a la votación de los diputados.

En diciembre de 1992, Fernando Color de Mello, acusado de corrupción, dimitió al iniciarse el proceso de su destitución en el Senado y perdió sus derechos políticos durante ocho años.

En septiembre de 2015, el presidente Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en las aduanas, fue privado de su inmunidad por parte del Parlamento. Ante el riesgo de ser cesado, dimitió y después fue arrestado.

El 7 de diciembre de 2022 fue condenado a 16 años de cárcel.

Fernando Lugo fue destituido en 2012 debido a una operación policial contra campesinos sin tierra que terminó con 17 muertos.

El presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue suspendido de sus funciones en mayo de 1993 tras un voto en el Senado. En 1996, fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel.

La región también ha sido escenario de golpes de Estado como ocurrió en Honduras en junio de 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue arrestado y expulsado a Costa Rica mientras preparaba un plebiscito para reformar la Constitución y ser reelegido.

También el presidente venezolano Hugo Chávez fue blanco de un golpe militar en abril de 2002 en el que fue arrestado antes de volver al poder dos días más tarde gracias a manifestaciones populares.

En octubre de 2019, el entonces presidente boliviano Evo Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, renunció y salió del país.

Jeanine Áñez, que lo sustituyó en el cargo, fue condenada en junio pasado a diez años de prisión por tomar el mando irregularmente.

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