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El presidente de Colombia, Iván Duque, promulgó este miércoles una reforma a la Constitución que impone la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 17 años.
“Hoy Colombia le dice no a esos hampones que han pretendido usurpar la ternura, la inocencia, los principios de nuestros niños”, declaró el mandatario desde la sede de gobierno.
En ese país, casi dos menores de edad son asesinados al día. Según las autoridades forenses, en 2019, más de 22.000 personas menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales, mientras 708 murieron violentamente.
Entre enero y mayo de este año, fueron 6.479 menores presuntamente agredidos sexualmente.
Aprobada por el Congreso, la nueva norma modifica el artículo 34 del texto constitucional que prohibía "las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación". Hasta ahora la pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel.
El abuso contra menores también ha estado presente en el conflicto colombiano de casi seis décadas.
Los máximos responsables de las FARC (la guerrilla que pactó la paz y se disolvió en 2017) enfrentan acusaciones ante la justicia por reclutamiento y violencia sexual de niños y adolescentes.
También el ejército recientemente anunció la expulsión de 31 militares implicados en agresiones sexuales que, en varios casos, tuvieron como víctimas a niñas indígenas desde 2016.
Sin embargo, ni los militares ni los antiguos rebeldes estarían expuestos al castigo perpetuo, por cuanto la nueva norma constitucional no aplicaría de forma retroactiva y, en el caso de las FARC, los acuerdos de paz prevén sanciones especiales por crímenes cometidos durante el conflicto.
Este miércoles, Duque instó a los congresistas a “darle un trámite acelerado a la ley que reglamenta” la reforma.
En el poder desde agosto de 2018, el presidente asumió esa causa como bandera de campaña e impulsó su discusión en el parlamento. “Yo quería ser presidente de Colombia para ser el presidente que sacara adelante, con el Congreso de la República, esta importante transformación”, aseguró.
Por su parte, los detractores de la reforma, entre los que están congresistas de la oposición, académicos y expertos, aseguran que un incremento punitivo no es eficaz en la reducción de los delitos.
