Decenas de familiares se concentraron con dolor y rabia este sábado frente a una morgue en Acarigua, un día después de que 29 presos murieran en un motín en una comisaría de esa localidad en el estado Portuguesa, en el oeste de Venezuela.

Agolpados frente a la reja de entrada de la morgue del hospital Jesús María Casal Ramos en Acarigua, los familiares buscaban información de sus parientes o exigían que les fueran entregados los cuerpos para enterrarlos.

"A mi hijo me lo mataron", dijo entre lágrimas a la AFP Zuleyma Ponte, de 50 años. "¿De quién es la culpa? Es falta de supervisión, falta de gobierno serio, porque el gobierno no es serio".

"En la comisaría lo que se presentó fue una masacre contra esas criaturas", afirmó Ponte, al asegurar que el viernes varios familiares apostados cerca de la estación policial escucharon a los detenidos, entre ellos su hijo de 33 años, gritar: "No nos dejen morir".

Intento de fuga

Según el secretario de Seguridad Ciudadana de Portuguesa, Óscar Valero, los 29 presos murieron el viernes en un enfrentamiento cuando intervinieron agentes de Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) para controlar un "intento de fuga masiva".

Los reclusos, afirmó Valero, recibieron a los agentes con "una lluvia de disparos" y la detonación de tres granadas, ataque que hirió a 19 funcionarios policiales.

“Entreguen los cuerpos”

"Lo que queremos es que, por favor, nos entreguen a nuestros muchachos y se acabó, no los van a revivir, entréguennos a nuestros familiares e indaguen a los funcionarios", dijo irritada Aliris Pérez, una maestra de 34 años cuyo hermano de 24 falleció en la comisaría.

Pérez, que se encontraba cerca del centro cuando se produjo el motín, dijo haber escuchado gran cantidad de detonaciones y haber visto que llegaban "muchas autoridades" al recinto.

Un funcionario del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, que no se identificó, indicó a la televisora por internet VPI este sábado que el trabajo en la morgue se retrasó a la espera de material de trabajo traído de Caracas, 350 km al este.

"Nos apoyaron con los insumos, guantes, batas, botas de autopsias, bisturís, que no habían", indicó el funcionario, en este país hundido en la peor crisis económica de su historia reciente.

Ya se han realizado las primeras ocho autopsias, agregó.

La violencia es recurrente en el medio millar de sobrepoblados centros de detención preventiva en Venezuela. El código penal establece que los acusados no deben pasar más de 48 horas en estos centros, pero en la práctica funcionan como prisiones.

La opacidad oficial es una constante ante hechos como estos. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios no suele informar, aduciendo que centros como el de Acarigua no están a su cargo.

En la comisaría de Portuguesa, con capacidad para 60 personas, había unos 500 reclusos, según un parte interno policial al que tuvo acceso la AFP.