Anuncian primera condena de 10 años de prisión por defraudación al fisco

El Ministerio de Hacienda dio a conocer la primera condena de 10 años de prisión por dos delitos de defraudación al fisco.

Esta sentencia corresponde a un caso de una empresa familiar que tiene una cadena de tiendas de ropa y zapatos a nivel nacional y que defraudó al fisco por un monto superior a los ¢349 millones. La denuncia fue presentada al Ministerio Público por la Dirección General de Tributación (DGT) en el 2004. Luego de un proceso judicial de 16 años, la sentencia quedó en firme en junio anterior.

Los sentenciados son un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos hijas de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos; dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial.

Ahora Hacienda procederá a un embargo preventivo de bienes para poder recuperar esa plata.

Los implicados acudieron a todas las instancias judiciales para poder librarse de la condenatoria, sin embargo, ya el asunto está en firme.

Carlos Vargas director general de Tributación, no brindó el nombre de la empresa condenada.

“No es un tema de lavado, sino de una compleja maniobra para el no pago de impuestos. Era un conglomerado de 54 personas jurídicas que importaban ropa y zapatos para establecimientos comerciales en todo el país. Estos locales operaban de manera independiente teóricamente bajo el régimen simplificado, pero en realidad era solo un conglomerado económico y se determinó que estaban defraudando al fisco por una suma importante de dinero”, aseguró Vargas.

Para lograr la condenatoria se levantó el secreto bancario y se evidenciaron ingresos que no fueron declarados al fisco.

“Esta sentencia de los Tribunales de Justicia sienta un precedente fundamental con el que se demuestra que en Costa Rica es posible la condena por evadir al fisco. Es la primera vez en la historia del país en que se da una condena en firme por delito tributario, que además de afectar al contribuyente, recae sobre sus colaboradores, en este caso supervisores y contador. Este largo proceso permitió demostrar la fundamentación técnica de la investigación que iniciamos hace de 16 años ante una maniobra fraudulenta por las que se estaban dejando de pagar importantes sumas al fisco”, destacó Vargas.

La investigación realizada por la Administración Tributaria determinó que el monto de impuesto sobre las utilidades dejados de pagar superó los ¢149,7 millones para el año 2001 y los ¢230,8 millones para el año 2002.

Este caso inició por una labor de inpección tributaria.

A la fecha, existen 21 casos pendientes de resolución por parte del Poder Judicial, por un monto estimado de más de ¢20.800 millones, en impuestos dejados de pagar.