En la Caja Costarricense de Seguro Social, de momento están en una pura fiesta, pues a 57 mil de sus trabajadores se les mantendrán las millonarias anualidades que reciben.

Para que usted tenga una idea, según datos de la Contraloría General de la República, solo en pluses, cada año se pagan ¢541.000 millones, eso equivale a pegarse 338 veces el gordo navideño que el año anterior repartió ¢1.600 millones entre los ganadores.

Un artículo en la propuesta de modificación al empleo público, dispuso acabar con ese jolgorio en las instituciones públicas para equilibrar las finanzas del Estado.

Actualmente la Caja paga diferentes porcentajes en anualidades dependiendo del puesto.

Para los profesionales en ciencias médicas, es decir, médicos generales, especialistas entre otros, se les otorga un 5,5%, a los enfermeros y nutricionistas un 3,5%, a los no profesionales (como secretarias, conserjes, etc) un 3%, y entre un 2% y un 2,6% para el resto de funcionarios.

Así las cosas, si en el 2019 un médico que gana de base ¢1.000.000 y su anualidad es de 5,5%, recibirá un aumento de ¢55.000 en su salario en el 2020. Esto sumado a los dos aumentos por ley que recibe un trabajador por año.

Al término de ese año, su otra anualidad será calculada con el salario de ¢1.055.000, lo que representa un aumento en su tercer periodo de ¢58.025, es decir, lo que recibirá por mes son ¢1.113.025.

Esto representa que en tres años laborando para la Caja, su salario aumentó ¢113.025.

Con la propuesta de modificación del empleo público, lo que se pretende es que la anualidad sea un monto fijo.

Utilizando el mismo ejemplo del médico que gana un millón de colones, lo que se propone es que su anualidad no sea del 5,5%, sino que se reduzca a 1,56% pero que solo sea aplicado al salario base, sin contar las anualidades.

Esto quiere decir que su anualidad será de ¢15.600 y que por lo tanto al segundo año de trabajo recibirá por concepto de salario ¢1.015.600, mucho menos que lo que recibe actualmente.

Para su tercer periodo, ese beneficio no se calculará sobre los ¢1.015.600, pues la iniciativa solo contempla que sea calculado con el salario base, osea un millón.

Motivo de huelga

El economista Leiner Vargas explicó que ese ajuste aliviaría las finanzas del Estado, pues representa un gran ahorro.

“La única forma en que esa anualidad subiría es que el salario lo suban a través de los ajustes que se hacen todos los años”, comentó.

Precisamente esta idea que se quiere implementar, fue el motivo por el que los trabajadores de la Caja decidieron irse a huelga a inicios de agosto.

Sin embargo, el 12 de agosto anterior el Gobierno y la Caja firmaron un acuerdo para seguir pagando esos pluses como porcentajes y no con montos fijos, se hizo así para acabar con el movimiento.

Injusticia

Para Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, la forma en la que actualmente se reparten las anualidades son injustas, pues solo benefician a los trabajadores más viejos.

“En este momento, un buen funcionario recibe su anualidad al igual que uno malo, porque el sistema de méritos premia al bueno, pero también al malo por la cantidad de años que tiene trabajando”, destacó.

Acosta agregó que estos ahorros lejos de perjudicar al sector público, lo que hará es que los beneficios se repartan de una manera justa, equitativa y sin malgastar dinero que en este momento se debe guardar.

Esta medida de momento no ha sido aplicada en alguna institución, pero se espera que a partir del 2020 entre en funcionamiento en todas.

El asesor financiero Daniel Suchar, explicó que lo más justo es que deba aplicarse a todas las instituciones y no dejar a alguna por fuera.

“Los empleados públicos podrían sentirse afectados porque ya no recibirán más dinero de la cuenta, creo que esos serían los más perjudicados”, reseñó.

Guerra de años

Actualmente en la Sala Cuarta hay un recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Unidad Social Cristiana, pues el 12 de agosto la Caja firmó un acuerdo con lo sindicatos para mantener esos millonarios beneficios.

Así lo confirmó a La Teja, María Inés Solís, jefa de esa fracción socialcristiana, quien considera que la ley debe aplicarse a todos por igual, sin mantener esos beneficios a un sector.

Sin embargo y de acuerdo con Marco Durante, abogado experto en materia laboral, este tipo de resoluciones son lentas.

“Podría tardar años y mientras pasa el tiempo esos pluses van a seguir pagándose. El proceso es muy lento porque habría que notificar a 57 mil trabajadores que reciben ese beneficio”, detalló.