Una serie de deficiencias halladas en un reciente informe relacionado con la planificación de las obras adicionales que requiere el proyecto de ampliación de la ruta 32, motivó a la Contraloría General de la República (CGR) solicitarle al presidente de la república, Rodrigo Chaves, intervenir.

La Contraloría indicó este lunes, que con el fin de lograr una mejor coordinación entre todas las dependencias que tienen injerencia en el proyecto, se solicita la intervención “al más alto nivel del Poder Ejecutivo”.

¿Por qué la preocupación? La medida adoptada por la Contraloría se da luego de recordar que las obras que se ejecutan actualmente entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón no cumplieron con la fase de preinversión, por lo que el alcance de los bretes establecidos no contaron con el sustento técnico suficiente para garantizar la seguridad vial de los usuarios ni el adecuado funcionamiento de la vía.

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Esa situación obligó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a establecer un nuevo plan para la construcción de obras adicionales que abarquen las necesidades que quedaron fuera del contrato original, sin embargo, según la auditoría realizada por la Contraloría, para esta nueva etapa tampoco se ha efectuado un proceso de planificación siguiendo un orden lógico y sucesivo de conformidad con lo establecido en la norma técnica de Mideplan (Ministerio de Planificación).

De acuerdo con el informe, se inició con la fase de inversión, elaborándose los diseños de 54 obras adicionales identificadas inicialmente, sin que se completara la fase de preinversión, por lo que no se demostró la viabilidad de esos trabajos.

“Cabe señalar que para el contrato vigente de diseño y construcción de la RN32 (ruta nacional 32), no se cuenta con el estudio funcional integral para el proceso de definición de las obras adicionales como sustento para definir cuáles son indispensables para garantizar la correcta satisfacción del interés público, la seguridad vial para todos los usuarios y el adecuado funcionamiento de la vía”, afirmó la Contraloría.

Crédito

Asimismo, destacó que la administración anterior estaba gestionando acuerdos para el financiamiento de las obras adicionales con un organismo acreedor internacional sin haber demostrado la viabilidad de los trabajos y sin contar con una definición del alcance, plazo y presupuesto necesario para su ejecución.

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A inicios de marzo, el entonces jerarca de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, envió un oficio a los diputados en el cual informó de que el préstamo para las obras complementarias que se comenzaba a negociar con el Eximbank de China (mismo ente que financia el proyecto actual) sería por $150 millones, $50 millones más que lo estimado en un principio. Junto con el crédito, se ampliaría el contrato con la constructora a cargo, China Harbour Engineering Company (CHEC), para que complete el proyecto en dos años.

De acuerdo con el desglose dado a conocer en el documento, del monto total se destinarían $82 millones para construir bahías de autobuses, puentes peatonales, aceras, ciclovías y otras necesidades que han sido incluidas en los paquetes de obras complementarias solicitadas por los gobiernos locales de Pococí, Guácimo, Matina y Siquirres.