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Coronavirus: Piden eliminar cárcel a quienes deben pensión alimentaria

Fundiapho propone que IMAS pague las pensiones

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Javier Solís es un pequeño empresario de turismo que trabaja ofreciendo paquetes de hoteles a turistas nacionales.

Por la emergencia que se vive con la pandemia COVID-19 sus ingresos cayeron al mínimo y no le alcanza para pagar la pensión alimentaria de su hijo, que es de 200 mil colones.

La expareja ya le dijo que si no paga, va para la cárcel.

“En marzo no se ha vendido absolutamente nada y más bien estamos recibiendo cancelaciones de reservas. Lo recogido en marzo uno lo ocupa para pagar lo de abril, incluida la pensión, pero no hay dinero.

"Hablo con la mamá de mi hijo para ver si se puede hacer algo, porque ella sí trabaja en una multinacional y sí recibe salario. Le digo que me dé chance y me dice que no, la única opción que me dio fue hacer el pago en dos quincenas, pero lo que ella no entiende es que no tengo de dónde y me dice que si no pago voy a apremio corporal (a la cárcel)”, comentó Solís.

Es por esto que la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) y el abogado del Partido Republicano Dragos Donalescu están moviéndose para que las personas que están en las mismas que don Javier no vayan a dar a la cárcel, pues saben que este es un momento extraordinario donde muchos no pagan no porque no quieran, sino porque no hay trabajo.

Preocupación

Eugenia Quesada, presidenta de la Fundiapho, comentó que tienen abarrotada la central de la fundación por consultas por este tipo de casos.

“Los hombres están desesperados, pues prácticamente han quedado desempleados con tantos negocios cerrados. No tienen ni siquiera para cubrir sus necesidades personales y menos para dar la pensión.

"Y si ya tenemos hacinamiento en el centro penitenciario La Reforma, en el módulo de deudores alimentarios, entonces con esta crisis uno solo que ingrese con el virus contaminará a un montón, ya que hay 500 detenidos. Enviamos una nota a la Defensoría de los Habitantes y se lavó las manos. Se les están vulnerando los derechos a estos hombres”, recalcó la abogada.

Quesada dice que el artículo 53 de la Constitución Política obliga al Estado a dar trabajo digno a los ciudadanos y como está la situación con el coronavirus, esto no se puede cumplir, entonces cómo va a meter a la cárcel a quien más bien se les están violando sus derechos.

Quesada aseguró que igualmente les preocupa la manutención de los niños, pero para ellos plantean una solución.

Asegura que el artículo 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia permite que el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) entre a suplir pensiones alimentarias cuando los padres están verdaderamente imposibilitados de darles la pensión.

“Es una operación matemática muy sencilla, al Estado le cuesta unos 700 mil colones al mes para alimentar a cada obligado, y las pensión promedio actualmente es de 93 mil colones, entonces es más barato dar pensión que mantener a 500 obligados alimentarios”, sostiene la abogada.

Proyecto de ley

Quesada comentó que ya le enviaron la carta a la Asamblea Legislativa para que se haga una reforma transitoria del artículo 24 de la Ley de Pensiones y se pueda aplicar esta iniciativa.

Como respuesta a este llamado, este martes fue presentado el proyecto de ley de Suspensión de Apremio Corporal (cárcel) en materia de pensiones alimentarias para todos aquellos que se vean afectados por las medidas para combatir el coronavirus.

La iniciativa fue presentada por Donalescu.

“Si usted está en apuros económicos por despido, reducción de jornada de trabajo, suspensión de contrato o es trabajador independiente y no le llegan clientes y por esa razón no puede pagar pensión alimentaria, con este proyecto buscamos que no termine en la cárcel para que pueda seguir pulseándola y cumplir”, escribió Dragos en su Facebook.

En total se han presentado tres iniciativas de ley en este sentido.

El Instituto Nacional de la Mujeres pidió a los diputados darle prioridad a los alimentos que deben recibir miles de niños, adultos mayores y personas con discapacidad y buscar una alternativa justa para todos.

El presidente Carlos Alvarado dijo esto en una de las conferencias de prensa.

“Hay que recordar que esta es una materia que establece el Poder Judicial, no obstante, el Plan Proteger busca que tengamos una forma para apoyar a las personas que queden desempleadas o que se les reduce su jornada, para darles un complemento económico, para que los efectos no sean tan pronunciados y en esto es lo que estamos trabajando”, dijo el mandatario.

Shirley Sandí

Periodista.

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