Costa Rica impulsa en la OEA evaluación de las elecciones en Nicaragua

La respuesta a Nicaragua tras las cuestionadas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega fue reelecto genera división en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde este jueves ocho países, entre ellos Costa Rica, apoyaron un proyecto de resolución de condena y otros instaron a no entrometerse en asuntos internos.

El proyecto de resolución fue impulsado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda y pide al Concejo Permanente del organismo que haga “una evaluación colectiva inmediata (...) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”.

La Carta Democrática Interamericana describe las consecuencias para los gobiernos de la región que no respeten los derechos humanos y "tenemos que respetar esta Carta", insistió en su discurso el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken.

En virtud del artículo 21 de esta carta se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no ha dado resultado para resolver el problema.

El proyecto de resolución que la OEA puede adoptar por mayoría simple de 18 votos en esta asamblea general no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, pero podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación”.

Costa Rica fue uno de los países más combativos este jueves entre los estados que ya intervinieron en las deliberaciones que se realizan en forma virtual e insistió en la necesidad de tomar medidas.

La sesión continuará el viernes, cuando se clausure la asamblea general y podría adoptarse el proyecto de resolución.

Las acciones del gobierno de Ortega, que ilegalizó tres partidos y detuvo a decenas de políticos y activistas, “contravienen el libre ejercicio democrático” y el pluralismo político, sostuvo el ministro de relaciones exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano.

"No se vale desconocer" la Carta Democrática, "no se vale ignorarla", insistió Solano, que sin embargo llama a la OEA a "propiciar, entre todas las partes de Nicaragua, el diálogo".

Canadá fue mucho más directo y llamó a la OEA a dejar de “seguir mirando” y “pasar a la acción”, refiriéndose al proyecto de resolución.

Nicaragua solicitó varias veces el derecho de réplica para afirmar que las elecciones fueron "libres" y pedir "respeto".

Cuando le tocó el turno el representante de Nicaragua, Michael Campbell se extendió un poco más.

"Nicaragua, señor presidente, merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas", dijo Campbell, quien afirmó que los comicios se desarrollaron "en medio de intervenciones económicas, mediáticas y organizativas y frente a crueles amenazas y acciones desestabilizadoras".

También arremetió contra la OEA, a la que acusa de "tener una visión de los años 60" en vez de renovarse para dejar de ser "un decadente ministerio de colonias".

No fue el único país en acusar a la OEA de interferir en los asuntos internos.

"Todo Estado tiene el derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social (...) y el deber de no intervenir en los asuntos de otros Estados", afirmó Argentina, que tampoco considera válido "el recurso a sanciones".

Bolivia está de acuerdo y aboga por "repensar la OEA". "Para la OEA es como si todos los problemas centrales estuviesen lejanos", opina.

Para México la OEA incumple con los fines para los que fue creada.

México dijo que rechaza "rotundamente (...) todo intento de perturbar desde el exterior el orden constitucional en cualquier país y no acepta que bajo ese argumento la OEA asuma que cuenta con poderes supranacionales o con instrumentos para intervenir en asuntos internos de nuestros Estados".

La situación en Venezuela también salió a relucir.

Brasil lo considera "el caso más paradigmático" de lo que hay que arreglar en la región y pidió que el presidente Nicolás Maduro "demuestre su buena fe en el ámbito del proceso negociador" con la oposición encabezada por el dirigente Juan Guaidó.

Estados Unidos, que junto con otros 50 países no reconocen la reelección de Maduro en 2018 por considerarla “fraudulenta”, pidió la liberación de “todos los ciudadanos estadounidenses que han sido ilegalmente detenidos”.