El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, califica como “ilógica” la respuesta de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, sobre por qué no denunció el polémico contrato de Christian Bulgarelli luego de enterarse que él había redactado el concurso del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que luego ganó.

El legislador asegura que lo correcto hubiera sido de que apenas Díaz se enterara de las supuestas anomalías que se dieron en la contratación, las denunciara ante la Fiscalía.

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La ministra se defiende diciendo que ya hay una investigación administrativa y que ella no puso ninguna denuncia porque no se usaron de fondos públicos.

“Hay criterios de la Procuraduría y la Contraloría que dicen que estos no son fondos públicos porque no fue dinero en efectivo entregado al país ni al Presupuesto Nacional... como estos son contratos que el banco hace directamente con proveedores la parte pública o los fondos públicos se configuran en el momento en que el entregable está listo y además se levanta la cláusula de confidencial del contrato entre el proveedor y el banco.

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“Hay una denuncia ya en la Fiscalía, yo estoy en la mejor disposición de colaborar, de momento no me han citado.

Al consultarle a Díaz cómo hubiera actuado si a la hora de firmar el contrato con el BCIE hubiera sabido que el contrato fue hecho por la misma persona que lo obtuvo, dijo que no podía contestar eso.

“Hubiera sido otra situación muy distinta, no me puedo poner a decir qué hubiera hecho en ese momento, pero obviamente no lo conocía”, aseguró.

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Debió poner denuncia

Ariel Robles asegura que las respuestas de Díaz no son válidas, y que debió dar el ejemplo denunciando la situación.

“Es una respuesta irregular la de la señora ministra, muy reservada, porque ciertamente los fondos del BCIE, todos entendemos que son fondos internacionales, pero quien diseña toda la propuesta para la contratación, los proyectos son funcionarios públicos, es decir, desde el momento en que un funcionario público está dentro de su tiempo laboral, diseñando y siendo parte de un proceso, ya requeriría una investigación porque es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y esa persona participó, junto con un tercero, en el diseño de un contrato que después se le asignó a ese mismo tercero. Finalmente el producto que se entrega entra a ser un producto completamente público.

“No es tema de fondo públicos, es que eran funcionarios públicos en ejercicio... es un ilógico, se cae solo, lo mínimo que debería hacer la ministra de la Presidencia es: ‘ok, yo soy firmante de esto, está en juego mi nombre’, el BCIE ha dicho que evidentemente hay posibilidades de prácticas fraudulentas, de oficio debería pedir a lo interno de Casa Presidencial quienes fueron los encargados, cómo fue el procedimiento y agarrar a todos esos y mandarlos a la Fiscalía para que los investiguen por el delito de tráfico de influencias”, dijo Ariel.