El caso de Keibril Amira García Amador, una pequeña de nueve meses a quien raptaron el 9 de abril pasado, conmovió el país y dejó al descubierto muchas de las deficiencias que hay en las instituciones que deben velar por el bienestar de los menores.
La mamá de Keibril es una niña de apenas 13 años y cuando se dio la sustracción de la bebé se estaba a la espera de que las autoridades le hicieran una prueba de ADN para saber si era hija del padrastro de su mamá.
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El principal sospechoso de la desaparición es, precisamente, ese sujeto, quien responde al apellido Casasola y actualmente descuenta prisión preventiva.
Por medio de unos exámenes hechos con pruebas recopiladas en el tamizaje se logró comprobar que, efectivamente, él es el papá de la niña.
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Con el objetivo de evitar más casos como el de Keibril, secuestros, maltrato o agresiones contra menores de edad, cuando se requieran pruebas de ADN para investigaciones, el diputado David Segura Gamboa, del partido Nueva República, presentó un proyecto de ley.
La iniciativa obliga a los centros médicos públicos y privados a aportar el material genético necesario, tanto de la madre menor de edad como del recién nacido, para la investigación que se realice por parte del Ministerio Público.
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“Lo que pasó con el caso de la niña Keibril no debe repetirse jamás, no podemos permitir que se exponga a las madres menores de edad o bien a sus hijos, a ser agredidos antes, durante, o después de tener que apersonarse a realizar la prueba de ADN, esto cuando no se desea conocer la verdad de los resultados.
“Por esto es necesario que el Ministerio Público ya tenga todo ese material genético para la investigación y que este material esté completamente resguardado y protegido”, dijo el legislador.
Segura dice que en toda prueba que se remita al Ministerio Público con la denuncia del caso, deberá garantizarse la custodia y las autoridades deberán realizar todos los análisis necesarios hasta señalar al responsable de la violación.