Este lunes, los diputados de la comisión legislativa que investiga el caso del cementazo recomendó al procurador de la Ética Pública, Julio Jurado, reabrir la investigación contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, por su supuesta participación en este caso.
Esta información se desprende del expediente número 20.877, que incluye una serie de recomendaciones sobre este caso.
Además, la comisión concluyó que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) fue “omisa” a la hora de investigar las actuaciones de Solís en el caso del cemento chino.
“No se pidieron documentos a los ministerios, a las direcciones o a cualquier otra institución gubernamental involucrada en el escándalo o llamar a declarar a sus responsables directos para recabar nueva evidencia. No se profundizó acerca de lo dicho por los comparecientes en esa comisión investigadora”, dijo el diputado Otto Vargas, presidente de la comisión.
La comisión, integrada por los legisladores Otto Vargas, Mileidy Alvarado, Harlan Hoepelman, Erwen Masís, Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson recomendaron también abrir una investigación interna sobre el manejo que se hizo de este caso por parte de los funcionarios de la PEP.
“Hubo una clara intención de presentar la resolución AEPRES-049-2018 del señor expresidente Luis Guillermo Solís Rivera de forma apresurada, así como los tiempos de la notificación final de la misma, ya que sobre esto último, hubo una clara intención de presentarla de manera apurada, tomando en consideración que desde el momento que se presentó la resolución a la actualidad, han trascurrido más de un año y tres meses y no se han concluido algunas de las investigaciones, lo que denota que con el expediente de Solís hubo un trato expedito sin razones de peso que lo justifiquen”, informa el documento.
Diferencia de criterios
La diputada del PAC, Laura Guido estuvo en la comisión pero votó en contra de la recomendación. Además, señaló que aunque que no defiende al expresidente Solís por ser de su mismo partido, sino que considera se está haciendo un tratamiento injusto a una persona.
"Yo no vengo a defender a nadie, no tengo esa necesidad de hacerlo, sin embargo, reconozco cuando se hace un tratamiento injusto de la integridad de una persona.
“Si bien hubiese algún cuestionamiento de fondo que esté sustentado en evidencia, yo sería de las primeras que haría una denuncia, aquí no se ha reunido información que de sustento a ello, ni información que de sustento a cuestionar lo que resolvió la Procuraduría”, expresó.
Por otro lado, el diputado verdiblanco Carlos Ricardo Benavides criticó la premura con la que se ha atendido el caso alegando que la resolución llegó al Congreso el viernes 27 de abril, cuando prácticamente el presidente de la Asamblea ya no recibía más correspondencia y además, teniendo en cuenta que los días viernes se trabaja a media máquina en la institución.
"El lunes siguiente los diputados salientes conocieron del documento, cuando ellos ya no podían hacer nada, dado que era su último día de labores. Los nuevos diputados conocimos del documento a mediados del mes de mayo y conocíamos menos del tema.
"Además, resulta preocupante y es algo que la Procuraduría General debe investigar, la velocidad con la que se elaboró la resolución y los tiempos para notificar, situación que impidió tanto a los diputados salientes como entrantes, conocerla y apelarla a tiempo”, afirmó Benavides.