Directivos reinstalados de la Caja lanzan fuertes acusaciones contra el Gobierno

Cuatro directivos reinstalados en sus puestos de la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja), aseguraron este lunes 16 de octubre, durante una conferencia de prensa, que son “víctimas de un juicio político, por no pagar (el Gobierno) lo adeudado a los trabajadores de la Caja.

A partir de las 10 de la mañana, en el hotel Holiday Inn San José-Aurola, los cinco directivos recordaron que solamente con una denuncia “verbal y falsa” de la actual presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, el 7 de diciembre del 2022, el Consejo de Gobierno les abrió un procedimiento disciplinario.

Los directivos reinstalados que convocaron a la conferencia fueron: Martha Rodríguez González, José Loría Chaves, Carlos Salazar Vargas y Maritza Jiménez Aguilar.

Para estos directivos, ellos fueron un “Caballo de Troya” que usó el Gobierno para suspenderlos, ya que ellos siempre se mantuvieron firmes en rechazar la injerencia política y el desmantelamiento de la Caja.

“Somos víctimas de un juicio político, por pagar lo adeudado a los trabajadores de la Caja, considerando solo los criterios de Ministerio de Planificación, los informes técnicos, jurídicos, económicos, y no atender una Valuación Actuarial con serias deficiencias e inconsistencias, por ejemplo, un irrazonable e inexplicable aumento de cinco veces el gasto proyectado.

“Las alteraciones son señaladas por la Nota Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estudio Monitoreo de Evolución Presupuestaria de la Caja de la Contraloría General de la República del 31 de agosto de 2023 y el Informe de Resultados de la asistencia Técnica del Banco Mundial conocido en la sesión del 23 de setiembre de 2023″, explicó Martha Rodríguez

Con total seguridad los directivos reinstalados aseguran que las decisiones tomadas por el Gobierno actual provocaron que se dejaran de construir hospitales como el de Cartago, Golfito y Limón.

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Además, áreas de salud y EBAIS, pese a lo dicho por la OIT, acerca del impacto marginal en el gasto total, de esas obras tan necesarias para fortalecer la atención y resolver las filas y las listas de espera.

Los directivos se consideran “perseguidos políticos” a quienes se les busca su “inmediata destitución” porque el gobierno de Rodrigo Chaves no quiere “pagar la deuda del gobierno por ¢3.2 billones, no devolverle ¢1.7 billones para la construcción de obras, insumos y equipos, y desviar la atención de la improvisación y la incapacidad de la presidenta ejecutiva para dirigir a la Caja”, dicen.

Es por eso que solicitan inmediatamente que “se detenga la persecución política, sin precedentes, se archiven los 5 procedimientos (contra ellos), con la finalidad de impulsar los proyectos detenidos y cumplir con el mandato de las organizaciones que representamos”, dijo doña Martha con el apoyo de todos los directivos.

La Teja consultó a Presidencia por las declaraciones de los directivos de la Caja, pero no tuvimos respuesta.