La Fiscalía Adjunta de San José rechazó la solicitud del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de ordenar al diario La Nación detener la publicación de los audios de Presidencia que le dio la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina.

La Fiscalía Adjunta concluye que: “Las grabaciones no son de conversaciones privadas, sino que versan sobre dinero y contratos públicos. Además, en los audios intervienen el presidente y otros altos funcionarios, lo que conlleva un interés público que merece escrutinio social”.

Lo publicación de los audios, por parte de los periodistas de La Nación, no entra en el delito penal que alegaron el mandatario Rodrigo Chaves y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives y la solicitud de Chaves de detener las publicaciones de los audios constituiría una censura previa, acción que está prohibida en Costa Rica.

No son privadas

“Se logra determinar, en un alto grado de probabilidad, que las conversaciones que en apariencia grabó Patricia Navarro, que hizo llegar a los periodistas y que estos publicaron a inicios de diciembre del 2023, tratan hechos de interés público, pues versarían sobre el manejo de dineros y contrataciones públicas”, dijo la Fiscalía.

Añadió que Navarro asistió a las reuniones en su condición de ministra de Comunicación, “por lo que el contexto de estas reuniones no se trataba de temas privados de los participantes (que sí estarían sometidos a la tutela de sus derechos de intimidad e imagen), sino que estas se realizaban como parte de funciones que desempeñaban”, dijo la Fiscalía.

¿Qué pasó?

El pasado lunes 4 de diciembre, el periódico La Nación empezó a publicar varias notas con base en conversaciones grabadas por Patricia Navarro entre mayo y agosto del 2022, cuando ella era la ministra de Comunicación.

En los audios se habla de la contratación irregular del empresario Christian Bulgarelli por un monto de $300.000 (unos 160 millones de colones), financiados con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como de la táctica para tomar el control de los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas.

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El martes 5 de diciembre el presidente Chaves y el ministro Rodríguez presentaron una denuncia ante la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial contra La Nación y la exministra, por los supuestos delitos de “captura indebida de manifestaciones verbales y uso indebido de correspondencia, que violentaron el bien jurídico tutelado de la intimidad”.

En el punto sexto de la denuncia, Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez solicitaron “al juez penal que emita la orden precautoria urgente de ordenar al medio La Nación abstenerse de realizar futuras publicaciones de los audios”, pero este jueves 7 de diciembre la Fiscalía les dijo “nel pastel”, o sea, La Nació podrá seguir publicando notas con base en esos audios grabados por la exministra.