La Contraloría General de la República ordenó a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social acatar lo que dice la regla fiscal y por lo tanto, se trae abajo el polémico acuerdo firmado con los sindicatos febrero y agosto pasados.

Dichos acuerdos le pasaban por encima a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues permitían continuar con el pago de los pluses de los 57.000 empleados de la CCSS de manera porcentual, es decir, creciendo más cada año, pero la nueva ley exige que sea un monto fijo por año.

Tras la huelga y presión de los sindicatos, el Gobierno cedió y mandó el caso a los tribunales, lo que significaría que por lo menos cinco años más los trabajadores recibirían los beneficios sin cambio alguno.

Sin embargo, este jueves, la Contraloría General de la República se trajo abajo esta decisión.

“Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos, por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa”, dijo la contraloría.

Además, se ordenó a la Junta Directiva aplicar de forma inmediata la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y convocar a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días, para que se tomen los acuerdos respectivos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas.

Contentera

En la Unión de Cámaras celebraron el criterio emitido por la Contraloría General, pues aseguran que coincide con las exigencias que ha emitido en varias ocasiones UCCAEP de que “todos debemos cumplir con la aplicación de la regla fiscal y que ninguna institución debe saltarse la norma”.

"La petición del sector privado ha sido clara y contundente en el sentido de que se debe dar marcha atrás al documento firmado en acuerdo con los sindicatos del sector salud, pues la ley en Costa Rica debe cumplirse.

"Es nuestro deber externar total respeto y apego a la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como indicar a los miembros de la Junta Directiva de la CCSS que el Estado no puede tener islas independientes en la función pública y que todos tenemos que cumplir la ley.

"Desde el sector productivo esperamos que las otras instituciones que se sienten independientes se apeguen por igual criterio de la Contraloría General, dijo la UCCAEP.