Franggi Nicolás, diputada liberacionista, pretende ampliar la suspensión de cobros de préstamos y créditos a las personas afectadas por la pandemia con un proyecto de ley, sin embargo, la Oficina del Consumidor Financiero ya se pronunció en contra.

Danilo Montero, director general de la Oficina, explicó este lunes que la oposición se da porque las entidades financieras trabajan con los ahorros de los clientes y que, por ende, la medida podría afectar las operaciones de los bancos y cooperativas.

“La OCF ve con angustia la problemática que atraviesan personas, familias y empresas que no pueden atender sus obligaciones, porque han visto disminuidos sus ingresos; pero no es menos preocupante que seamos permisivos con la autorización de prórrogas o ampliaciones de plazos, ya que se estaría disponiendo en buena medida del ahorro de pequeños y medianos ahorrantes, quienes esperan que sus recursos sean administrados con criterios técnicos, nunca político”, dijo Montero.

“No hay duda de que la pandemia ha generado efectos tremendos sobre las finanzas de muchas personas que han perdido el empleo y tienen deudas. Pero solucionarlo poniendo en riesgo los fondos de los ahorrantes no es un remedio y la pretendida solución puede resultar mucho más grave”, agregó.

Propuesta

Nicolás explicó su propuesta, la cual la hizo el 21 de mayo anterior.

“Actualmente miles de costarricenses o comen o pagan, razón por la que muchos de ellos están perdiendo o a punto de perder su casa, su carro, su negocio y sus cosas, porque no están pudiendo cancelar sus préstamos bancarios o de almacén de electrodomésticos. Por esa razón es que he presentado un nuevo proyecto de ley, para suspender los cobros de crédito, para afectados por la pandemia.

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“Si bien, algunos bancos han permitido algunas medidas flexibles, lo cierto es que muchos de ellos están volviendo a cerrar estas opciones”, expresó la diputada en su página de Facebook.

La iniciativa de la diputada verdiblanca busca que la suspensión de pagos sea por 90 días, con posibilidad de una prórroga.

La medida aplicaría para préstamos en bancos, entidades financieras, almacenes de electrodomésticos y prestamistas y no afectará la calificación crediticia del deudor.

Eso sí, solo aplicaría para quienes hayan sido despedidos, tengan suspensión temporal, reducción de jornada con disminución del 50% del salario y a empresas con disminución de un 40% de sus ingresos.