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El grupo narco desarticulado en el cantón de Corredores, limítrofe con Panamá, es otra alerta sobre la capacidad de infiltración del crimen organizado.
La silenciosa operación de grupos con nexos internacionales carcome la institucionalidad. Ya el país experimentó la infiltración del narcotráfico a escala mayor afectando a la Asamblea Legislativa hace unos 21 años (hoy el tema vuelve a sacudirla), municipalidades, fuerzas policiales, partidos políticos y funcionarios judiciales.
Un poderoso empresario es sospechoso de movilizar, al menos, una tonelada de cocaína cada dos meses hacia Guatemala, México y Estados Unidos. Las autoridades calculan los bienes decomisados en ¢1.500 millones.
La fachada de respetabilidad le habría permitido al empresario reclutar, según las investigaciones, a dos agentes del OIJ.
Es difícil saber hasta dónde llegaría un grupo de estos con plata suficiente para influir en la política local de decenas de cantones pequeños y empobrecidos.
El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, no se cansa de advertirlo cuando se aproximan las elecciones municipales.
La cantidad de candidatos y partidos dificultan el control del financiamiento político y crean oportunidades para el crimen organizado en estratégicos cantones costeros y fronterizos. Y esta oportunidad la habría aprovechado la agrupación con la cual estaría ligado un ingeniero agrónomo elegido regidor por el Frente Amplio en el 2016.
Pero ¿cómo acogió el PLN a ese funcionario que dejó el FA en el 2019 por razones éticas y se convirtió en presidente municipal en el 2020?
