OPINIÓN: El único lugar donde el protocolo de salud no funciona es en la oficina legal de la Caja

La actividad de la Corte Suprema de Justicia, en plena pandemia, sigue adelante. Cada día informamos de juicios, de condenas en los distintos tribunales que no aflojan, obviamente, con todos los protocolos sanitarios contra el covid-19, dictados por Salud y la Caja del Seguro.

Sin embargo, esos mismos protocolos, suficientes en el Poder Judicial, son insuficientes para los abogados del Centro para la Instrucción de Procedimientos (CIPA), de la misma Caja, despacho dirigido por Mario Cajina Chavarría.

Esa oficina está a cargo de aclarar las anomalías detectadas en millonarias compras de mascarillas para proteger del covid-19 al personal de salud de la misma Caja.

Las trece personas cuestionadas, en tres investigaciones, no pueden ser convocadas a las audiencias mientras no “cesen las medidas de restricción del contacto y tránsito que se encuentran vigentes como mecanismos de prevención del contagio de covid-19″. O sea, mientras haya pandemia no harían nada, a pesar de que tres involucrados están suspendidos con goce de salario y el país urge de explicaciones.

Por fortuna la gerencia general reaccionó, demostrando que quedan pantalones en la institución, y anunció la intervención del despacho dirigido por Cajina. Y es que a Roberto Cervantes, el gerente general, los propios encargados de la investigación lo hicieron a un lado.

Y por ese “irrespeto” y “desobediencia” Cervantes ordenó la intervención del CIPA y las autoridades decidieron el viernes separar, por al menos dos meses, a Mario Cajina, jefe de la unidad de abogados que tenía a cargo las tres investigaciones. Por fin una sana señal.