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El Fondo de Retiro de los Empleados se financia con aportes de la institución, es decir, de todos nosotros los simples mortales, equivalentes al 4 % del salario mensual de los 60.000 trabajadores. En el 2019, la institución destinó casi ¢34.500 millones a financiar ese fondo. La pensión máxima regalada es de ¢324 mil, unos ¢60.000 por encima del promedio del IVM.
El Estado costarricense obsequia pensiones superiores a las disfrutadas por la mayor parte de los jubilados, muchos de los cuales cotizaron toda la vida. Sin embargo, el régimen de pensiones gratuitas de la Caja no es único, el ICT también lo tiene y sin pedir cotización al empleado.
El Banco Nacional, el BCR, el ICE, y la Junta de Protección también ofrecen esas gangas que favorecen a 81.000 afiliados activos (sumando los de la Caja) y a 23.000 pensionados. Pero al menos exigen alguna cotización al empleado, como para disimular, detalle que no hace menos odioso el privilegio.
Y luego no queremos que este país esté en quiebra.
