EscucharLos diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa dieron a conocer este jueves los tres informes finales de la investigación sobre la salida de Gloriana López del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El informe de mayoría dio sorpresas porque en sus recomendaciones solicitó, entre otras cosas, que se abra una investigación formal por parte de la Fiscalía contra varios funcionarios de gobierno, lo que podría terminar hasta en una condena penal.
En el documento, los legisladores citaron los hechos que, a su criterio, fueron dados como ciertos en la investigación que ellos llevaron a cabo, la cual inició por las declaraciones que Gloriana López Fuscaldo, en las que aseguró que ella renunció a su cargo en el PANI por coacción del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la vicepresidenta Mary Munive.
Otro dato que motivó la investigación fue que López reveló que había recibido una llamada por parte de Gabriel Aguilar, un funcionario de Casa Presidencial (actual jefe de despacho de Rodrigo Chaves), cuando él era asesor presidencial, para que “tuviera cuidado” con un expediente que se llevaba en el PANI sobre los hijos del empresario Leonel Baruch.
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En el informe de mayoría se detalla que quedó comprobado que dicha llamada sí existió, ya que cuando Gabriel Aguilar compareció en la comisión, reconoció que llamó a López para hablar sobre ese caso; sin embargo, dijo que lo hizo por motivación propia y que Rodrigo Chaves no tuvo nada qué ver. Eso hace creer a los legisladores que el funcionario se extralimitó en sus funciones.
Los diputados dicen, además, que las contradicciones entre las palabras de Aguilar y lo que dijo Pilar Cisneros en el plenario causan muchas dudas, ya que la jefa de fracción oficialista aseguró en un primer momento que veía con admiración la acción de Rodrigo Chaves de haber pedido que llamaran a Gloriana López debido a la preocupación que tenía por los hijos de Baruch.
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Le dan duro a Mary Munive
En el informe le dan duro a la vicepresidenta Munive, ya que quedó claro que ella no quería que Gloriana López fuera a comparecer a la Asamblea Legislativa y hasta le mandó un mensaje antes de la comparecencia, para que no llegara al Congreso.
La diputada liberacionista Monserrat Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que también quedó demostrado que hubo extralimitación de funciones por parte de Munive, ya que le quitó la vocería del PANI a Gloriana López, tomó decisiones en el caso de un allanamiento que se dio en un albergue de menores en Coronado y hasta la visitó en su casa un día porque necesitaba hablar con ella.
Visitas
Otro episodio relevante fue el de Yafit Ohana, esposa de Leonel Baruch, quien compareció en la comisión para aclarar las seis visitas que hizo a Casa Presidencial; sin embargo, se negó a entrar en detalles sobre dichas reuniones, solo dio detalles generales de los temas tratados.
La diputada Ruiz dijo que quedaban muchas dudas sobre la seguridad de Casa Presidencial ya que aunque se demostró que Yafit entró varias veces a ese lugar, en dos de las visitas no se registró la hora de salida. Además, tampoco quedó claro las personas con las que se reunió ni los temas tratados en cada visita.
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Algo que llama mucho la atención es que pese a que Gloriana López aseguró que tenía pruebas sobre todo lo que declaró y que enviaría un informe detallado a la comisión, al final no mandó nada.
Recomendaciones
Al final del informe vienen varias recomendaciones:
- “Se le pide a la Fiscalía General de la República investigar los hechos señalados en el presente informe y determinar si proceden acusaciones penales por posibles delitos tipificados y sancionados en el ordenamiento jurídico costarricense”.
- “A la Procuraduría de la Ética le pide investigar las presuntas acciones irregulares de los funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados, y atribuibles en el presente informe, que constituyen faltas a la ética y probidad, así como las posibles sanciones y recomendaciones pertinentes, desde la perspectiva del derecho administrativo y penal”.
- “También se le pidió al PANI mejorar sus actuaciones en beneficio de los menores de edad que atienden y a la Contraloría General de la República y a la Comisión Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público del Congreso investigar las intenciones de que el PANI adjudicara una pauta institucional de hasta por cien millones de colones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)”.
