EscucharTras 11 años de espera, el sonado caso de La Trocha pareciera que seguirá esperando para llegar a juicio debido a una recusación que interpusieron dos abogados defensores de esta investigación.
El debate estaba para iniciar este lunes en la sala 3 del Tribunal Penal de Goicoechea, por lo que todas las partes llegaron y la sala estaba completamente llena entre imputados, abogados y prensa.
No obstante, el abogado público Mauricio Paniagua Alpízar recusó a dos de los jueces, Franz Paniagua y Alfredo Arias, esto porque él los defendió en otro proceso en el que ellos fueron acusados por un supuesto delito de prevaricato (en su función como jueces habían dictado conjuntamente con otra jueza una resolución que alguien consideró contraria a la ley).
Esa causa contra los jueces Franz Paniagua y Alfredo Arias se abrió en el 2019.
En el caso de La Trocha, el abogado Paniagua defiende a dos imputados de apellidos Agüero Gamboa y Mora Barrantes que eran supervisores de obra y funcionarios de Conavi.
A esta recusación se le sumó el abogado José Miguel Villalobos, defensor de otros ocho imputados de este caso.
Villalobos y Paniagua consideran que puede haber carencia de imparcialidad para la resolución de este sonado caso, que trascendió en el 2012.
“Eso genera una situación de duda, creo que completamente objetiva, aquí no estoy juzgando ni la corrección ética, ni la probidad, ni el conocimiento de ninguno de los jueces, ni es un gesto de desconfianza subjetivo es un tema objetivo, el país tiene el derecho de que este asunto se resuelva por jueces con un razonamiento objetivo”, dijo Villalobos.
Los jueces deben emitir un informe que darán a conocer este martes a la 1:30 p.m., y ahí se conocerá si se inhibirán a seguir con este proceso.
El caso de La Trocha es porque supuestamente, se dieron dádivas y desvíos de fondos destinados a la construcción de esa obra; la construcción de esta carretera fue declarada como de emergencia en el 2010 por las supuestas invasiones de militares nicaragüenses en suelo tico.
El expediente de este caso es el 12-000053-0621-PE figuran 26 acusados, entre los cuales hay funcionarios o exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 18 empresarios contratados para las obras, dos mujeres, esposas de empresarios, y tres particulares, estos últimos supuestamente se habrían beneficiado con las compras de bienes con fondos de estos dineros.
