(Video) Diputada María José Corrales: “Operativos en Crucitas ya no son suficientes”

El OIJ logró desarticular una banda que sacaba oro de Crucitas, lo fundía y lo exportaba a otros países, este jueves 20 de agosto, gracias a 32 allanamientos realizados.

Las autoridades calculan que la banda exportó unos 2.500 kilos de tan cotizado metal.

A raíz de lo anterior, la diputada liberacionista María José Corrales asegura que es necesario que el poder Ejecutivo de una pronta respuesta, al expediente (21584) que ellos presentaron el pasado 11 de setiembre que procura regular la actividad minera y fomentar el desarrollo social en las zonas mineras.

“En hora buena que se ha evidenciado la situación de Crucitas, la cual es alarmante porque hay bandas organizadas que se valen de la ilegalidad para procesar ese mineral y exportarlo. Los operativos en Crucitas ya no son suficientes, la situación sigue igual y Crucitas tiene una afectación social, ambiental y de salud. Hay que regular la actividad minera”, dijo Corrales.

La diputada asegura que es necesario que el Ejecutivo convoque el proyecto, pero ella ha sentido una falta de interés. Corrales asegura que ella ha tenido ya varios acercamientos con el ministro de Seguridad Michael Soto para tratar el tema.

“El ministro es consciente y reconoce que por más operativos y presencia policial, el tema de Crucitas no se resuelve”, dijo.

Los investigadores realizaron allanamientos en Heredia (San Isidro, Santo Domingo y Guararí), Montelimar de Goicoechea, San Pedro de Montes de Oca, Escazú, San Sebastián, barrio Escalante, Pocosol, Coopevega, San Ramón, Abangares y Puerto Jiménez. La Fiscalía informó la captura de 27 sospechosos.

El director del OIJ, Wálter Espinoza, explicó que en abril del 2019 recibieron información de la Policía Aeropuertaria sobre un aumento desproporcionado de la cantidad de oro que se estaba exportando “lícitamente” a otros destinos por el aeropuerto Juan Santamaría. El oro salía en lingotes, según la Fiscalía.

“Verificamos quiénes eran los exportadores, cuáles eran las cantidades, los precios, los destinos, hilamos una serie de circunstancias que nos permitió establecer que un grupo estaba dedicándose de manera organizada a sacar oro en cantidades importantes”, dijo Espinoza.

La Fiscalía indicó que la exportación se hacía como si se tratara de oro chatarra.

Para ese momento, según Espinoza, los agentes de Los Chiles y San Carlos mantenían una investigación por la extracción de oro en Crucitas, así como en Corcovado (en Osa), lo que les permitió establecer que esos casos tenían relación con las exportaciones y que estaban ante un grupo organizado que adquiría el oro que los coligalleros sacaban de Crucitas de manera ilegal.

También determinaron que hay personas que se dedican a almacenar el oro en varias fincas de San Carlos y que había transportistas y comerciantes involucrados. Otras personas se encargaban de fundir el oro y reportarlo en Documentos Únicos Aduaneros (Duas) para sacarlo del país.

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Las autoridades estiman que esta banda exportó unos 2.500 kilos de oro por el aeropuerto entre abril del 2019 y este miércoles. Esa cantidad está valorada en unos $60 millones (¢35 mil millones) aunque podría ser mayor.

“Esos documentos aduaneros contienen la manifestación de la persona que realiza el envío del material hacia el país de destino, por lo que, el OIJ investigará para establecer cuál es el valor real de lo que se exportó”, dijo Espinoza.

Los sospechosos sacaban el oro de varias zonas de Crucitas y lo llevaban a las minas de Abangares en Guanacaste, pues ahí sí se puede extraer oro de manera artesanal.

“También sabemos que se está extrayendo oro de Corcovado para sumarlo e incrementar las exportaciones. Los destinos son Houston, Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos”, detalló Espinoza.

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Este es un caso complejo para las autoridades, ya que deben de tratar de medir el impacto ambiental que ha provocado esta organización y determinar cómo se hicieron las extracciones.

Espinoza aseguró que una gran parte del oro que extraen es llevado a Nicaragua por los coligalleros, quienes vienen al país a realizar extracciones por temporadas.

La Fiscalía indicó que los delitos por los que se señala a los detenidos son mineros, ambientales y legitimación de capitales.

“Dentro de los investigados está un funcionario público de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al cual se le encargó el asesoramiento de otros miembros de la organización para ocultar la ilegalidad de las transacciones a las autoridades de Hacienda”, detallaron.

La Fiscalía analizará cada caso para solicitar medidas cautelares.

La Fiscalía externó su preocupación por el problema social, económico, de salud pública y ambiental que rodea las zonas de Crucitas, Abangares y el parque nacional Corcovado.