Funcionarios del Ministerio Público llegaron este martes a las 8 de la mañana a las oficinas de la empresa Movistar (Telefónica de Costa Rica TC S.A), en Escazú, para allanarla en busca de información sobre un supuesto fraude para evadir impuestos.
El operativo está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, la cual está dirigiendo tres allanamientos más en la compañía filial Tejisa, el Bufete Zurchher Odio & Raven y en la empresa de asesoría fiscal KPMG.
La investigación empezó el pasado 14 de diciembre luego de que las autoridades de Hacienda presentaran una denuncia porque al parecer existieron maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial, para que posteriormente, Telefónica vendiera a esta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal.
Para ello, según la denuncia, ambas compañías firmaron un contrato de compraventa en el que Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la empresa Tejisa, pues esta no tenía la capacidad económica para comprar dichos activos.
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Se presume que, en la misma fecha del contrato de compraventa (diciembre 2017), se suscribió otro de arrendamiento entre ambas compañías, lo que permitió a Telefónica deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco costarricense, por bienes que nunca dejaron de pertenecerle.
De acuerdo con la investigación, el país dejó de recibir más de ¢1.250 millones de colones, por concepto de impuesto sobre las utilidades en el período 2017.
En este caso se investiga a seis personas de apellidos Neggelli, Torres, Arroyo, Donato, López y Mena.