Sucesos

Fotógrafo enfrentará juicio por violar a menores y producir pornografía

Un socio del acusado se sometió a un proceso abreviado y fue condenado a 797 años de cárcel

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Un fotógrafo de apellidos Núñez Romero deberá sentarse este lunes en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio en el que se le acusa de los delitos de trata de personas, violación, corrupción de personas menores de edad y producción de pornografía.

El debate se llevará a cabo en los Tribunales de San José y se tiene previsto que se extienda hasta el 27 de marzo.

Núñez fue detenido en junio del 2017 junto con un socio de apellidos Solano Corrales, con quién dirigía la supuesta agencia de modelos llamada VDM Models, que funcionaba en Plaza González Víquez.

En esa ocasión el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que los hombres publicaban mensajes en redes sociales y también en volantes que pegaban en las calles para atraer a niñas y a jovencitas que soñaban con ser modelos.

Una madre de familia fue la que en el 2015 puso la denuncia en el OIJ y esta se contactó con la Policía Internacional, (Interpol) ya que la organización tenía alcance fuera del país.

Los agentes determinaron que los sospechosos supuestamente reclutaban a las víctimas y hacían que sus mamás firmaran un contrato.

Luego cobraban por hacer un catálogo de fotos, que era el primer paso paraque las chiquitas se hicieran “famosas”.

Si alguna de las menores les llamaba la atención para el negocio oscuro que tenían, la llamaban por aparte para una sesión de fotos. Para ello las llevaban a una sala aparte, donde las mamás no podían entrar.

Al parecer, cuando ya los hombres estaban a solas con las víctimas les pedían que se quitaran la ropa, abusaban de ellas y las grababan. Si se negaban, ellos las amenazaban con matar a sus madres.

Cuando el material pornográfico estaba listo, supuestamente los dueños de la agencia lo subían a Internet para que los usuarios de la página lo descargaran, pero para eso debían hacer pagos con tarjeta o con monedas virtuales.

Los interesados debían primero pagar una membresía y para bajar los videos tenían que cancelar sumas que iban entre los $500 (286 mil colones) y los $5000 (2 millones ochocientos mil colones).

El material ilegal era visto desde usuarios en Oceanía, Sudamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Desde Costa Rica no se podía acceder a la página.

Las autoridades lograron determinar que en algunas ocasiones los hombres habrían grabado varios videos con la misma víctima, para ello citaban a las menores solas y las llevaban a moteles, hoteles o a las casas de los sospechosos.

En aquel momento las autoridades judiciales dijeron que tenían identificadas al menos a 26 afectadas con edades entre los 11 y los 17 años.

Los agentes que desarrollaron la investigación descubrieron que los socios operaban desde el 2009, por lo que presumen que hay muchas más víctimas.

Se cree que muchos papás pueden haberse abstenido de denunciar porque en los contratos que firmaban había una cláusula que decía, en letra pequeña, que se autorizaban fotos desnudas, sin embargo, eso es completamente ilegal por tratarse de menores de edad.

Esta investigación fue premiada como el mejor caso resuelto por el OIJ en el 2017.

Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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