Implicado en Cochinilla planea salir del país en Semana Santa tras dos años de impedimentos

Tras el cese del impedimento de salida del país para los implicados del caso Cochinilla ya hay uno que planea viajar en Semana Santa.

Así lo confirmó Francisco Campos, quien es uno de los abogados defensores en este proceso.

Aseguró que no se trata de la empresaria de construcción Mélida Solís, sino que sería de otro de sus clientes, de quien prefirió no decir su nombre de momento porque apenas van a iniciar con el trámite de informar al Ministerio Público sobre esta salida.

“En el caso de doña Mélida no me ha informado (se refiere a algún viaje programado). Otros de mis clientes sí, va ir a visitar a un familiar en Semana Santa”, confirmó Campos a La Teja.

Agregó que en el Juzgado de Hacienda les indicaron que a partir de este viernes 24 de marzo le notificaron a la Dirección de Migración el levantamiento de las restricciones.

Además, a muchos de los imputados ya les han entregado el pasaporte.

“A partir de hoy (viernes 24 de marzo) estaba programada la entregada de los pasaportes, en el caso de mis clientes algunos vinieron a las 7:30 de la mañana y retiraron el pasaporte sin ningún problema”, manifestó Campos.

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Señaló que Mélida Solís lo retiraría hasta la próxima semana.

Así mismo, el Juzgado le informaría a Aviación Civil que los hangares de los empresarios también ya quedan habilitados.

A los imputados no se les puede olvidar informar cuándo salen y regresan.

“Todas las personas que tenían impedimento del país lo único que tienen que hacer es mandar su itinerario de entrada y salida, avisar, no es pedir permiso, simplemente informar al Ministerio Público por el caso que haya una audiencia programada que requiera la presencia de ellos”, explicó Campos.

El caso Cochinilla trascendió en junio del 2021, luego de la realización de más de 50 allanamientos. Actualmente hay 75 personas investigadas, entre ellos funcionarios públicos, por los supuestos chanchullos que se dieron en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que generó un déficit de 78 mil millones de colones entre el 2018 y el 2020.

Los imputados, al parecer, habrían aceptado sobornos mediante licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales” a cambio de favorecer a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.