Una empleada bancaria de apellidos Mejías Solórzano y su esposo, de apellidos Mora Vega, debían enfrentar a principios de este mes la continuación de un juicio en los Tribunales de San Ramón; sin embargo los jueces lo suspendieron porque Mejías tiene problemas de salud.
El matrimonio es acusado de administración fraudulenta y estafa.
La oficina de prensa de la Corte confirmó que el debate quedó para el 13 de julio del 2020.
La mujer está en otra causa aparte porque es sospechosa de haber intentado sobornar a un juez para quitarse de encima este juicio; o sea, también la investigan por el delito de penalidad del corruptor (sobornar a un funcionario).
Por este último caso la mujer estuvo dos meses en prisión preventiva, pero esta se venció el 2 de julio anterior, ese mismo día debía seguir el juicio que suspendieron.
El tribunal le impuso otras medidas cautelares, como no acercarse a los Tribunales de Justicia ni a ningún funcionario de este lugar, que rige para toda la duración del proceso.
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La Fiscalía no tuvo posibilidad de apelar debido a que la resolución la dictó un juez (quedó en firme).
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, entre el 2007 y el 2015, la mujer trabajó en Costa Rica como agente intermediaria de un banco internacional con sede en Miami.
Al parecer, durante esos años metió mano en las cuentas de una extranjera que vivía en San José y tenía dinero invertido en ese banco. Habría movido ¢200 millones hacia la cuenta de su esposo.