Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa fue detenido este lunes en los 12 allanamientos que realizó el Ministerio Público y el OIJ en diferentes lugares como parte de una investigación por el llamado caso Aldesa.
La acción policial inició este lunes a las 6 de la mañana y abarcó puntos de Escazú, Santa Ana y San José.
Nueve fueron casas de gerentes de esa empresa, así como las oficinas de dicha compañía, las de Grupo Sama y la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
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El operativo forma parte de una investigación por presuntos delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con la Fiscalía, la causa penal se abrió a raíz de una serie de denuncias e informaciones publicadas por medios de comunicación, en las que figuran funcionarios del Grupo Financiero Bursátil Aldesa y Aldesa Corporación de Inversiones.
Los afectados aseguran haber sido inducidos a error al creer que todas las asociaciones que forman parte de Aldesa, estaban siendo supervisadas por la Superintendencia General de Valores, cuando no es así.
Los inversionistas se sintieron confiados porque todas las sociedades (reguladas y no), utilizan la misma propiedad, recurso humano, sitio web, números telefónicos, marcas, logos y hasta los miembros de junta directiva.
El Ministerio Público detalló por medio de un comunicado que también se investiga la forma en que fue administrada la plata entregada por los inversionistas, para establecer si efectivamente fueron invertidos, o bien, si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas.
Aldesa pidió el pasado 8 de marzo la aprobación de un plan que contemplaba la suspensión de pagos por un plazo de tres años a un grupo de más de 500 clientes del negocio de proyectos inmobiliarios privados por inversiones de $200 millones, sin embargo, un juez rechazó la petición.
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Los problemas de la compañía iniciaron en el último trimestre del 2018, a raíz de la disminución de la liquidez en el mercado local y del impago a Aldesa de $26 millones por parte de la empresa Rock Constructions, que desarrollaba el proyecto Málaga City en Alajuelita.
Las autoridades allanaron las casas de varios de los altos funcionarios de la empresa, así como las oficinas, en busca de documentos que contribuyan a la investigación.