La Unión Nacional de Policías confirma que el próximo 26 de enero harán una manifestación como parte de la lucha que están dando para que les respeten sus derechos y dejen a la Fuerza Pública fuera de la Ley Marco de Empleo Público.
La manifestación será a partir de las 8:30 de la mañana en el parque central de San José.
“Es una lucha para que se respeten los derechos de los policías, solicitando que el sector policial en general, sea exento de la Ley del Marco de Empleo Público, sabemos que la seguridad ciudadana es un pilar fundamental en desarrollo de cualquier sociedad.
“No podemos escatimar esfuerzos ni reducir presupuestos para el sector seguridad, aun siendo uno de los sectores con los salarios más bajos, y presupuestos más pequeños, se ha dado la lucha con afán y esmero, es por esta razón entre muchas otras, que las diferentes policías del país, estaremos dando esta lucha”, asegura la Unión Nacional de Policías en un comunicado.
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“Recordemos que la Policía es la primera línea en defensa de derechos ciudadanos, quienes en primera instancia resguardan la seguridad ciudadana y el orden público. Nuestros policías necesitan más recursos, más preparación, mejores condiciones para la lucha que se da día a día en las ciudades, centros penales y carreteras”, agregan.
Aseguran que cualquier otro sector público o privado, que desee formar parte del movimiento será bienvenido. Esperan tener el apoyo y comprensión del pueblo en general.
Cuando el 8 de marzo del 2022 se firmó la Ley Marco de Empleo Público, en el gobierno de Carlos Alvarado, se explicó lo siguiente: “La ley posibilita una gestión pública más eficiente y transparente, ya que ordena la legislación actual mejorando la planificación del talento humano, el reclutamiento y la selección de los servidores públicos y la evaluación de su desempeño, con el fin de brindar servicios de excelencia a la ciudadanía.
“Asimismo, al pasar de un esquema salarial compuesto a un salario global, permite reducir las diferencias salariales existentes entre trabajadores públicos que realizan las mismas funciones, además se estima que generaría un ahorro millonario al Estado”.
Sin embargo, diferentes sectores gubernamentales han elevado la voz porque consideran que lejos de modernizarse el empleo público, esta ley se concentra en recortes de presupuesto, eliminación de incentivos salariales y prácticamente la eliminación de capacitaciones para los trabajadores públicos.