El Poder Judicial sacó pecho y respondió, sin pelos en la lengua, las serias acusaciones que hizo la diputada oficialista Pilar Cisneros cuando trató de convencer a sus compañeros para que no modificaran el presupuesto del 2024 para darle más plata a esa institución.

“Varios diputados quieren desviar ¢20 mil millones del pago de intereses de nuestra gigantesca deuda para dárselo al Poder Judicial y a seguridad, pero aquí les voy a demostrar que más dinero no significa más eficiencia en el Poder Judicial, a quien nadie parece querer pedirle cuentas.

“A partir del año 2000 su presupuesto se ha multiplicado 16 veces pasando de 30 mil a 491 mil millones de colones en una institución pública. Aunque con ese montón de dinero aumentó la cantidad de jueces el rezago judicial casi no baja, ronda en este momento los 750 mil expedientes”, manifestó.

Cisneros cuestionó si en el país realmente hay justicia pronta y cumplida. También dijo que ese montón de plata que le llega ahora al Poder Judicial, de más, se va en salarios.

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“El costo por funcionario judicial en el 2000 era de cinco millones de colones, ¿saben cuánto es hoy? 30 millones de colones por funcionario, les pagamos muchísimo mejor y yo pregunto: ¿a cambio de qué?”, agregó la legisladora en una intervención que hizo en el Plenario Legislativo.

Poder Judicial se sacude

La Teja consultó al Poder Judicial sobre el tema y en la institución aseguran que lo que dijo Cisneros no es verdad.

Lo primero que aclararon es que el presupuesto real del Poder Judicial calculado a precios constantes del año 2000, ha crecido solo tres veces desde ese año.

“El crecimiento ha respondido a la ampliación de los servicios asignados, pasando de tener 648 oficinas en el 2005 a 890 oficinas en el 2023. Es decir, se han creado 242 oficinas.

“El presupuesto del Poder Judicial con respecto a los ingresos corrientes del Estado, para el año 2024 es el más bajo de los últimos 20 años. Es decir, el Estado mejora sus ingresos, pero invierte menos en el Poder Judicial.

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“El presupuesto del Poder Judicial a partir del año 2020 tiene una rebaja implícita cercana a los ¢5.000 millones anuales, correspondiente al pago por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los bienes y servicios que se adquieren”, aseguró la institución.

En cuanto al rezago de casos, el Poder Judicial asegura que para el mes de septiembre de 2023, tenía 698.341 (6,8% menos que lo dicho por la diputada) y de ellos, el 69,73% tiene una duración de dos años o menor.

“Ahora bien, en 30 de cada 100 de los expedientes con más de dos años, el 87 de cada 100 son de la jurisdicción de Cobro Judicial y Civil, materias donde el impulso procesal lo realizan las partes, no el Poder Judicial, así que dicho rezago no corresponde a la gestión del Poder Judicial”, agregó.

Más delitos

La institución también se sacudió con respecto a la afirmación sobre que la cantidad de jueces en primera instancia por cada 100 mil habitantes pasó de 17 a 28.

“La comparación se realiza con datos del 2003, respecto al 2022, donde la situación del país es completamente diferente de un periodo a otro. Si se mantiene la misma cantidad de personal que en el 2003, con la cantidad de asuntos para resolver hoy, cada juez, de forma unipersonal, debería atender en promedio 2.158 expedientes, lo que sería incoherente con la realidad nacional y la demanda del servicio, pues colocaría en total imposibilidad técnica de resolver expedientes en un plazo razonable y mucho menos a las poblaciones vulnerables ante el aumento de criminalidad actual.

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“Con respecto a la afirmación de que el costo por funcionario judicial en 2020 era de cinco millones de colones y actualmente es de 30 millones de colones, se aclara: Considerando el presupuesto real asignado al Poder Judicial a precios constantes del año 2000. En este sentido, se tiene que en ese año (2000) el costo por persona fue de ¢6.3 millones, siendo que en el transcurrir de 22 años (para 2022) pasó a ser de ¢9.6 millones y no de ¢30 millones.

Al final, los legisladores de oposición no escucharon los argumentos de Cisneros y pasaron una cantidad considerable de plata de los intereses que ellos consideraron “inflados” en el cálculo del pago de intereses de los préstamos internacionales, para reforzar la seguridad del país.