El Ministerio Público quiere revisar el celular del juez Alcevith Godínez, quien frenó el castigo que la Corte Plena había impuesto a las magistradas de la Sala Tercera Doris Arias Madrigal y Elena Gómez Cortés.

Las autoridades quieren saber si hay llamadas o mensajes que liguen al juez con las funcionarias.

La gestión se realiza ante la Sala III de la Corte Suprema de Justicia por tratarse de un procedimiento dentro de la causa que se les sigue también a las magistradas.

La Fiscalía abrió la causa por posible tráfico de influencias luego de que Arias acudiera al Tribunal Contencioso a las 4 de la madrugada del miércoles 18 de julio.

El juez Godínez resolvió la solicitud en solo tres horas a pesar de que la medida contra la magistrada Arias ni siquiera había sido notificada oficialmente.

LEA MÁS: Llaverito terminó de enfurecer a los funcionarios del Poder Judicial

Luego de Arias Gómez hizo la misma petición ante el mismo juez y con los mismos resultados.

El viernes, la fiscala general, Emilia Navas, ordenó el secuestro de documentos del Tribunal Contencioso y abrió una causa inicialmente contra Doris Arias, por tráfico de influencias, y contra el juez Godínez, por posible prevaricato (tomar decisiones contrarias a la ley). Además, él también es sospechoso de tráfico de influencias.

Castigo por cementazo

Doris Arias y María Elena Gómez habían sido sancionadas con la suspensión por dos meses sin goce de salario por considerar que incurrieron en una falta grave al acoger una desestimación, en febrero de 2017, contra los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata por supuesto tráfico de influencias en relación con el cementazo.

También recibieron el castigo los magistrados Jesús Ramírez y el ahora expresidente de la Corte Carlos Chinchilla, quien optó por acogerse a la pensión.

En este caso también fue sancionada la entonces fiscala subrogante Berenice Simth, a quien se le siguió el proceso aparte.

LEA MÁS: Mismo juez suspende sanción impuesta a magistrada María Elena Gómez

El medida impuesta a los magistrados por cometer la falta no fue vista con buenos ojos por los demás funcionarios judiciales, ya que muchos se sienten indignado por la falta de ‘mano dura’ en el caso.

“Si estos señores a los que se les paga un muy buen salario, creo que de unos ocho millones, no cumplen ni siquiera con su función primaria, eso deja mucho que desear, porque de este caso se dio cuenta el pueblo, pero pueden haberse dado otros casos de los que nadie se dio cuenta”, señaló Marta Iris Muñoz, exdirectora de la Defensa Pública.